Por Luis Hernández Navarro
Publicado en La Jornada / Martes 26 de mayo de 2009
Promover la justicia ambiental en México es una actividad arriesgada. Que lo digan si no quienes conocieron al campesino Aldo Zamora, balaceado por cuatro talabosques; que lo cuente Verónica Hernández, acosada judicialmente por Granjas Carroll; que lo platiquen Santiago Pérez, preso durante meses por defender el agua de las comunidades mazahuas, o Agustín Ríos, salvajemente golpeado por la policía oaxaqueña por luchar contra la operación de una mina.
Aldo Zamora, comunero tlahuica del estado de México y defensor de los bosques, fue asesinado el 15 de mayo de 2007. Su hermano Misael quedó gravemente herido. Ambos fueron emboscados por talamontes cuando se dirigían a Santa Lucía, Ocuilán, estado de México.
Desde 1998, Ildefonso Zamora, padre de Aldo Zamora y presidente de bienes comunales de San Juan Atzingo, denunció la explotación ilegal de los bosques de su pueblo, ubicado en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala. Casi dos meses después del crimen, el 12 de julio de 2007, el presidente Felipe Calderón le prometió que habría justicia. “Se compromete mi gobierno, por mi conducto –dijo en aquella ocasión–, a que junto con las autoridades del estado de México persigamos sin descanso hasta dar con los culpables e imponerles el castigo que se merecen.” Meses después, el 7 de enero, la Presidencia de la República envió una carta a Ildefonso en la que le señala que el caso es competencia del gobierno estatal y "el Presidente de la República no está facultado para intervenir de manera alguna en la resolución del mismo".
Los bosques de San Juan Atzingo se encuentran dentro del corredor biológico Ajusco-Chichinautzin, que alberga 2 por ciento de la biodiversidad mundial, abastece tres cuartas partes del agua que se consume en la ciudad de México y dota del líquido a los ríos Lerma y Balsas. Sin embargo, la zona de las Lagunas de Zempoala-Huitzilac está severamente amenazada por la tala ilegal.
Aldo Zamora es uno más de los activistas ambientales víctimas de la represión. En un recuento provisional a propósito de la criminalización de la protesta en México, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos documentó en los últimos dos años, al menos 41 casos de agresiones policiacas, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamiento y asesinato contra defensores del ambiente.
Apenas el pasado 6 de mayo fueron brutalmente desalojados por la policía oaxaqueña integrantes del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo y de la Coordinadora en Defensa de los Recursos Naturales y Nuestra Madre Tierra del valle de Ocotlán, que protestaban contra una explotación minera. Cinco de sus miembros están acusados de los delitos de lesiones, despojo y ataque a las vías generales de comunicación.
Quienes son agredidos defienden su agua, sus bosques, sus recursos naturales, sus comunidades, su biodiversidad, su salud, su tierra y territorio frente a la voracidad depredadora de empresas inmobiliarias, plantas procesadores de basura, desarrollos turísticos, mineras trasnacionales, complejos agroindustriales, talabosques, compañías farmacéuticas y proyectos hidroeléctricos.
Con regulaciones ambientales débiles y autoridades gubernamentales corruptas, con tratados comerciales –que como parte de las ventajas comparativas ofrecen la destrucción impune del ambiente–, los grandes consorcios multinacionales tienen licencia para devastar. Con frecuencia, disponen del uso de la fuerza pública para acallar la resistencia de las comunidades afectadas.